Reclamaciones al seguro de auto en Utah

Utah es un estado de no-fault con el paquete de prestaciones más reducido y una de las reglas de culpa compartida más estrictas de este conjunto de datos. Toda póliza contratada para cumplir la exigencia de garantía del propietario debe incluir responsabilidad civil, cobertura frente a conductores sin seguro, cobertura frente a conductores con seguro insuficiente y protección contra lesiones personales (§ 31A-22-302(1)); quedan fuera las motocicletas, los vehículos todoterreno, los remolques y los semirremolques, y sus conductores están expresamente excluidos del PIP. Las prestaciones de PIP las fija el § 31A-22-307(1): gastos médicos, quirúrgicos, de radiología, dentales, de rehabilitación, ambulancia, hospital y enfermería por «no menos de 3.000 $ por persona»; el menor entre 250 $ semanales o el 85 por ciento del lucro cesante bruto durante hasta cincuenta y dos semanas, sin pagar los tres primeros días salvo que la incapacidad pase de dos semanas; una asignación por servicios domésticos de hasta 20 $ diarios durante hasta 365 días; gastos de funeral, sepultura o cremación de hasta 1.500 $; y 3.000 $ por fallecimiento, pagaderos a los herederos. Lo que cuenta como «valor razonable» de un gasto médico no se deja a la discusión: el comisionado realiza un estudio de valor relativo en el condado más poblado del estado y publica el cargo del percentil 75 para cada servicio, actualizado cada dos años, y en caso de disputa un tribunal puede designar un panel médico imparcial. El PIP se paga mensualmente a medida que se incurren los gastos, y las prestaciones quedan vencidas si no se pagan en treinta días desde una prueba razonable, devengando después un uno y medio por ciento mensual; y si hay que demandar para cobrarlas, la aseguradora paga además los honorarios del abogado (§ 31A-22-309(5)).

Demandar por daños generales exige superar un umbral. Según el § 31A-22-309(1)(a), quien tiene o debe tener PIP no puede ejercitar una acción por daños generales salvo que haya sufrido muerte, amputación, incapacidad o menoscabo permanente basado en hallazgos objetivos, desfiguración permanente, la fractura de un hueso, o gastos médicos superiores a 3.000 $. Los supuestos son alternativos, de modo que una sola fractura abre la vía. Dos límites se suelen omitir: la barrera alcanza solo a los daños generales, y el daño económico sigue siendo recuperable en todo caso; y «no se aplica a quien formula una reclamación frente a conductor sin seguro». Superado el umbral, la regla de culpa comparativa de Utah es más estricta que la de sus vecinos. El reclamante «puede recuperar de cualquier demandado o grupo de demandados cuya culpa, sumada a la de las personas inmunes y a la de los no partes a quienes se atribuya culpa, exceda la culpa de quien reclama» (§ 78B-5-818(2)). Como la culpa de los demás debe exceder la del reclamante, un choque al cincuenta por ciento en Utah no recupera nada, donde en Nevada y Oregón recuperaría la mitad. Ningún demandado paga más que su propia cuota, la culpa se reparte incluso entre personas inmunes y no partes, y en un caso de fuga la existencia del vehículo fantasma debe probarse con prueba clara y convincente, que «puede consistir únicamente en el testimonio de una persona».

Los plazos corren en tres direcciones y uno de ellos es una trampa. La lesión por accidente cae en el plazo residual de cuatro años del § 78B-2-307(4), porque ninguna sección del capítulo de prescripciones enumera la lesión personal. El daño al coche también es de cuatro años, y la ley lo dice dos veces: el § 78B-2-307(3) cubre el «daño a bienes muebles del vehículo de motor de la parte agraviada», y el § 78B-2-305(1)(c)(ii) saca expresamente las reclamaciones de tráfico del plazo general de tres años de bienes muebles, incluidas las colisiones con bicicleta. Pero la acción por muerte por hecho ajeno prescribe a los dos años (§ 78B-2-304(3)): la mitad del plazo de lesiones, por el mismo choque. Frente a la propia aseguradora el plazo general es de tres años desde el inicio del siniestro (§ 31A-21-313(1)(a)), con dos excepciones de cuatro años: las reclamaciones frente a conductores sin seguro (§ 31A-22-305(11)) y las de PIP (§ 31A-22-307(7)). Ninguna póliza de Utah puede acortarlos: el § 31A-21-313(3)(a) anula la cláusula que limite el plazo por debajo del legal y anula también la que imponga el tribunal ante el que ha de demandarse. Y en sentido contrario, el § 31A-21-313(4)(a) implica que por regla general no se puede demandar a la aseguradora hasta sesenta días después de la prueba del siniestro.

Los límites mínimos de Utah son los únicos de esta ronda que la ley fecha por sí misma: 30/65/25 para una póliza emitida o renovada a partir del 1 de enero de 2025, o un límite único combinado de 90.000 $, con 25/65/15 para las pólizas hasta el 31 de diciembre de 2024 y de forma permanente para las flotas privadas de alquiler autoaseguradas (§ 31A-22-304). La cobertura frente a conductores sin seguro está incluida por defecto y solo se elimina mediante escrito expreso en un formulario facilitado por la aseguradora que explique para qué sirve, y una vez fuera sigue fuera hasta que el asegurado la pida por escrito; la cobertura frente a seguro insuficiente se contrata por defecto por el menor entre los límites de responsabilidad civil y el máximo disponible de la aseguradora, y solo puede reducirse mediante un formulario de reconocimiento presentado ante el departamento que revele la prima adicional; y como el cambio de asegurado nombrado o de límites de responsabilidad convierte la póliza en «póliza nueva», esa renuncia puede caducar con una modificación ordinaria. Los transportistas de personas y los distritos escolares deben llevar 25.000 $ por persona y 500.000 $ por accidente de esa cobertura, y no pueden renunciar a ella. Sobre los plazos de la aseguradora, lo honesto es decir que el Código de Utah no los contiene: el § 31A-26-301(1)(b) dispone que el comisionado fija por reglamento «los plazos dentro de los cuales debe hacerse el pago para ser puntual», y el § 31A-26-303 enumera las prácticas desleales de liquidación sin plazo alguno, y además «no crea ninguna acción privada», lo contrario de la posición de Nevada. El reglamento administrativo de tramitación de siniestros de Utah, el R590-190, no se ha verificado todavía contra un texto primario, así que aquí no se indica ningún plazo de acuse de recibo, decisión o pago más allá de los treinta días legales del PIP. En el lugar del accidente, Utah exige entregar no solo nombre, dirección y matrícula, sino también el nombre de la aseguradora y el teléfono del agente o del proveedor, y dispone que apartar el coche de los carriles de circulación no afecta a la determinación de la culpa (§ 41-6a-401). Hay que avisar a la policía de inmediato, por el medio de comunicación más rápido, cuando el daño material aparente alcanza los 2.500 $. El informe escrito es fácil de describir mal: el Departamento puede exigir un informe cuando hubo lesiones, muerte o 2.500 $ de daños, y los diez días corren desde el requerimiento, no desde el choque, con la suspensión del permiso como sanción por no presentarlo (§ 41-6a-402). Si el derecho de Utah permite recuperar la pérdida inherente de valor del vehículo no se ha verificado todavía contra un texto primario y aquí no se afirma.