Reclamaciones al seguro de auto en Oklahoma

Oklahoma resuelve las reclamaciones de tráfico por culpa, y lo hace sin ninguna capa de responsabilidad objetiva: una búsqueda de texto completo en el Código de Seguros no encuentra las expresiones «no-fault» ni «personal injury protection» en ninguna de sus 1.507 páginas. Lo que exige la Compulsory Insurance Law es cobertura de responsabilidad: conforme al 47 O.S. § 7-601(A), todo propietario debe mantener «garantía para el pago de la pérdida resultante de la responsabilidad impuesta por la ley por lesiones corporales, muerte y daños materiales», y el 23 O.S. § 13 reparte después esa responsabilidad. Conviene leer ese reparto con cuidado, porque la ley no fija ningún porcentaje. La negligencia contributiva «no impedirá la recuperación, salvo que la negligencia de la persona lesionada, dañada o fallecida sea de mayor grado que la negligencia de la persona, firma o sociedad causante del daño, o salvo que la negligencia de la persona lesionada, dañada o fallecida sea de mayor grado que la negligencia combinada de las personas, firmas o sociedades causantes del daño». El criterio es comparativo, no numérico: quien tiene una cuota igual a la de la otra parte no queda excluido, y cuando varios conductores contribuyeron la comparación se hace contra su negligencia conjunta, de modo que un reclamante que sea individualmente el más negligente puede aun así cobrar. Por debajo del umbral, el § 14 reduce la indemnización en proporción, y el § 12 deja la cuestión al jurado «en todos los casos sin excepción». Dos reglas más cambian lo que vale una cuota. Desde el 1 de noviembre de 2011, la responsabilidad entre dos o más causantes es «several only» (§ 15): cada demandado paga solo la cuota que se le asigna y el reclamante asume el riesgo de un codemandado insolvente o sin seguro. Y desde esa misma fecha, el reclamante sin seguro —por inocente que sea— queda limitado por el 47 O.S. § 7-116(A) a «gastos médicos, daños materiales y lucro cesante», y «no incluirá indemnización alguna por dolor y sufrimiento», limitación que puede invocar también la aseguradora del conductor culpable, con siete excepciones que la sección enumera por entero: entre ellas los ocupantes que no sean propietarios del vehículo, quien no iba en ningún vehículo, las reclamaciones por muerte, la fuga del lugar, las colisiones intencionadas y los casos de conducción bajo los efectos del alcohol que terminan en condena o en la muerte del conductor ebrio.

Los plazos judiciales son sencillos, cortos e iguales para ambas partidas de daño. El § 95(A)(3) del Título 12 concede dos años desde el nacimiento de la acción para «una acción por sustracción, retención o daño de bienes muebles» y, en la misma frase y bajo el mismo encabezamiento «En dos (2) años», para «una acción por lesión a los derechos de otro, que no nazca de contrato y no esté enumerada más adelante», que es la cláusula residual por la que entra la lesión causada por negligencia. Los daños al vehículo y las lesiones prescriben por tanto a la vez, a los dos años, y no queda un plazo patrimonial más largo al que acogerse. El plazo de un año del apartado siguiente es una trampa que merece nombrarse: alcanza por su nombre a «assault, battery» y a los demás ilícitos intencionales, no a un accidente ordinario. Demandar a tu propia aseguradora es otra cuestión, y la respuesta no es el plazo de cinco años del § 95(A)(1) para contratos escritos, sino lo que diga la póliza. Conforme al 36 O.S. § 3617 es nula toda cláusula que «impida interponer una acción contra tal aseguradora por más de seis (6) meses desde el nacimiento de la acción», y también toda cláusula que reduzca el plazo por debajo de dos años en seguros distintos de los de daños, o por debajo de un año en los de daños; y la cláusula nula «no afectará a la validez de las demás disposiciones de la póliza». Conviene leer la cláusula de plazo de demanda de la póliza, porque ese plazo, con ese suelo por límite, es el que se va a discutir. En la compilación leída no aparece ninguna reforma del § 95 posterior a 2017, lo que es un dato negativo tomado del propio historial de la compilación y no de una búsqueda en las leyes de sesión.

En Oklahoma el reloj de la aseguradora está en la ley y no en un reglamento, y es notablemente más lento que en la mayoría de los estados. Según el 36 O.S. § 1250.6(A), la aseguradora de daños tiene treinta días desde que se le comunica el siniestro para acusar recibo, salvo que pague dentro de ese plazo; entregar los formularios, las instrucciones y una asistencia razonable dentro de esos mismos treinta días se tiene por cumplimiento. Según el § 1250.7(A), hay que informar al reclamante de primera parte «de la aceptación o el rechazo de la reclamación por la aseguradora, o de si es necesaria una investigación adicional» dentro de los sesenta días siguientes a la recepción de la prueba del siniestro debidamente formalizada: el deber se cumple, por tanto, diciendo que hace falta seguir investigando, y la denegación, cuando llega, debe ser escrita y citar la cláusula en que se apoya. La investigación debe completarse en sesenta días desde la comunicación de la prueba del siniestro, con una carta motivada a los sesenta días si no se completa y, cosa poco habitual, con un tope: «el tiempo de investigación no excederá de ciento veinte (120) días desde la recepción de la prueba del siniestro», salvo fraude o incendio intencional acreditados, más veinte días adicionales tras una catástrofe declarada por el Gobernador. Cada comunicación pertinente posterior del reclamante que razonablemente espere respuesta abre sus propios treinta días conforme al § 1250.4(C). Atención a las unidades: el § 1250.4(B) dice «veinte (20) días naturales» para los requerimientos del Comisionado, de modo que cuando la misma ley dice solo «days» emplea la forma simple y sin calificar. Lo que la ley no contiene es un plazo para pagar. Se auditó de principio a fin el conjunto completo de sus plazos y ninguno es un plazo de pago; el § 1250.8(H) se limita a exigir que la aseguradora «pague íntegra y prontamente el coste de los servicios o productos de reparación del vehículo», así que arriba no se publica ningún plazo de pago y no puede derivarse ninguno de los treinta días del acuse de recibo, de los sesenta de la decisión ni del tope de 120 días de la investigación. Todos estos plazos se detienen en el momento en que se interpone la demanda (§ 1250.7(G)). Un deber de la ley se debe a quien nadie asegura: conforme al § 1250.7(E), al reclamante sin abogado —de primera parte o tercero— hay que avisarle por escrito de que un plazo está venciendo, y «ese aviso se dará a los reclamantes de primera parte y a los terceros reclamantes un año después de la fecha del siniestro», es decir, a mitad del plazo de dos años. La ley la hace cumplir el Comisionado, que debe recibir y tramitar las quejas individuales e investigar cuando se aprecia un patrón (§ 1250.10(C)), con sanciones de 100 $ a 5.000 $ por hecho; su propio texto no confiere acción alguna al reclamante, pero tampoco contiene cláusula que niegue una acción privada, de modo que aquí no se afirma ninguna de las dos cosas. Si los reglamentos propios del Departamento de Seguros, en el título 365 del Código Administrativo, añaden algún plazo más no se ha verificado todavía contra un texto primario y aquí no se afirma.

Sobre coberturas, reparaciones y obligación de informar hay tres cifras que se enuncian mal con facilidad. El mínimo obligatorio es 25/50/25, y está fijado no en la sección sobre el contenido de las pólizas que suele citarse, sino en la definición de «minimum liability insurance limits» del 47 O.S. § 7-103(2)(b), que lo vincula a las «pólizas de responsabilidad de vehículos emitidas o renovadas a partir del 1 de abril de 2005»; las cifras antiguas de 10/20/10 subsisten en esa misma definición para las pólizas emitidas o renovadas antes de esa fecha, y el § 7-324(b)(2) lleva los mismos importes para la póliza certificada de responsabilidad financiera, en la que la responsabilidad de la aseguradora «se hará absoluta en cuanto ocurra la lesión o el daño cubiertos por dicha póliza» y no la desvirtúan ningún acuerdo posterior al siniestro, ninguna declaración del asegurado ni ningún incumplimiento de la póliza. La cobertura frente a conductores sin seguro funciona al revés de lo que sugiere la palabra «opcional»: conforme al 36 O.S. § 3636(A) ninguna póliza de responsabilidad puede emitirse «si la póliza no la incluye», de modo que entra por defecto, con límites no inferiores a los mínimos legales de lesiones y no superiores a los de la propia póliza, y solo sale mediante la renuncia escrita del § 3636(G) —renuncia que, una vez firmada, «seguirá siendo válida durante toda la vida de la póliza» a través de cada renovación, reposición y modificación, y que únicamente puede deshacer una solicitud escrita del asegurado nombrado. El mínimo del propio formulario legal de oferta es de 25.000 $ por persona y 50.000 $ por hecho, con la misma fecha de cambio del 1 de abril de 2005. Oklahoma no tiene una cobertura separada de seguro insuficiente: el § 3636(C) integra al vehículo infraasegurado en la definición del no asegurado siempre que sus «límites de responsabilidad … sean inferiores al importe de la reclamación», y lo hace expresamente «con independencia del importe de la cobertura de cualquiera de las partes en relación con la otra», y una búsqueda de todos los títulos de sección del Código de Seguros no encontró ninguna sección de seguro insuficiente. Dentro de esa cobertura hay un plazo que sorprende a muchos: antes de cerrar un acuerdo con el conductor culpable por el límite de su póliza, el asegurado debe notificarlo por correo certificado a la aseguradora de la cobertura, y si esta no sustituye el pago con el suyo en sesenta días pierde todo derecho sobre lo cobrado. En materia de reparaciones, el § 1250.8 es ley y no reglamento, y cuatro de sus apartados conviene conocerlos: la aseguradora no puede exigir que se repare en un taller determinado, no puede obligar al reclamante a desplazarse de forma no razonable, no puede decirle a un tercero que acuda a su propia póliza cuando «la responsabilidad por los daños del vehículo está razonablemente clara», y «no forzará a un reclamante a otorgar una renuncia total para liquidar una reclamación de daños materiales que implique una lesión personal». La regla del apartado (G) sobre reducciones por mejora o depreciación es otra cuestión distinta de la pérdida de valor y no se ofrece como respuesta a ella; si es recuperable la pérdida de valor de mercado que conserva un vehículo bien reparado no se ha verificado todavía contra un texto primario y aquí no se afirma. En cuanto a comunicar el accidente, el deber inmediato es estrecho: conforme al 47 O.S. § 10-107, el conductor implicado en un accidente «con resultado de lesión o muerte de cualquier persona» debe dar aviso «de inmediato, por el medio de comunicación más rápido», y en esa sección no hay umbral económico alguno. La cifra de trescientos dólares que tanto se cita pertenece al § 10-108(A), y solo activa un informe escrito al Department of Public Safety «si la liquidación de la colisión no se ha hecho dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del accidente»; si ya se ha llegado a un acuerdo, lo que informan las partes es el acuerdo, y las colisiones en propiedad privada quedan excluidas de plano. Por separado, abandonar el lugar de una colisión con daños solo materiales expone al conductor a una «responsabilidad por daños en importe igual al triple del valor del daño causado por el accidente» conforme al § 10-103.