Reclamaciones al seguro de auto en Nueva Jersey

Nueva Jersey paga las reclamaciones por lesiones mediante un régimen sin culpa y después deja que el conductor decida cuánto conserva del acceso a los tribunales. El propio preámbulo de la ley la llama «New Jersey’s automobile insurance no-fault law» (N.J.S.A. 39:6A-1.1), y toda póliza estándar debe incluir protección contra lesiones personales para el asegurado nombrado y los familiares que conviven con él, pagadera sin atender a negligencia, responsabilidad ni culpa de ningún tipo, hasta 250.000 $ por persona y accidente (§ 39:6A-4). Ese techo es el máximo legal, no lo que compra la mayoría. La escala de opciones está en el § 39:6A-4.3 —250.000 $, 150.000 $, 75.000 $, 50.000 $ o 15.000 $ por persona y accidente— y contiene la frase más útil de todo el régimen de Nueva Jersey para quien nunca se ha parado a pensarlo: «If none of the aforesaid medical expense benefits options is affirmatively chosen in writing, the policy shall provide $250,000 medical expense benefits coverage.» Quien nunca rellenó un formulario de selección de coberturas tiene el techo completo. Sea cual sea el límite elegido, se conservan hasta 250.000 $ para la lesión cerebral, medular o desfiguración permanente o significativa y para el tratamiento en centro de trauma inmediatamente posterior al choque. Lo primero que hay que establecer tras un choque en Nueva Jersey no es, por tanto, quién tuvo la culpa, sino qué límite de PIP lleva la póliza, porque es esa cifra, y no la aseguradora del otro conductor, la que paga la primera factura hospitalaria. La elección vincula además a los parientes que conviven y no son asegurados nombrados en otra póliza.

La decisión que más pesa se toma en el formulario de selección de coberturas, mucho antes del accidente. El § 39:6A-8 empieza diciendo que el asegurado nombrado deberá elegir una de dos opciones de responsabilidad civil. Bajo la opción de limitación de demanda, apartado (a), todos los cubiertos quedan exentos de responder por daño no económico salvo que la persona lesionada haya sufrido muerte, amputación, desfiguración o cicatrización significativas, fracturas desplazadas, pérdida de un feto, o una lesión permanente con razonable probabilidad médica distinta de cicatrices o desfiguración; y la propia ley define permanente como la parte del cuerpo u órgano que no ha sanado para funcionar con normalidad y no sanará para funcionar con normalidad con más tratamiento médico. Bajo la opción sin limitación de demanda, apartado (b), esa exención sencillamente no se aplica. Si rige la opción limitada, el § 39:6A-8(a) impone además un plazo dentro del propio pleito: una certificación médica, bajo pena de perjurio y apoyada en prueba clínica objetiva, entregada al demandado dentro de los sesenta días siguientes a la contestación de la demanda, con una única prórroga de hasta sesenta días por causa justificada.

La culpa compartida la decide una norma cuyas palabras exactas importan más que su etiqueta habitual. La negligencia concurrente no impide recuperar «if such negligence was not greater than the negligence of the person against whom recovery is sought or was not greater than the combined negligence of the persons against whom recovery is sought», y la indemnización se reduce después «by the percentage sustained of negligence attributable to the person recovering» (N.J.S.A. 2A:15-5.1). «Not greater than» significa que quien tiene exactamente el cincuenta por ciento todavía recupera, y la exclusión empieza en el cincuenta y uno: cualquier relato que diga que en Nueva Jersey se pierde «al 50 %» es incorrecto. La sección hermana no añade barrera alguna: el § 2A:15-5.2 es la maquinaria de determinación de hechos, que obliga al juzgador a fijar primero el valor íntegro del daño y después el porcentaje de cada parte sobre una base de 100, tras lo cual «the judge shall mold the judgment». Cítese el 5.1 para la barrera y el 5.2 para la aritmética, nunca al revés.

La póliza mínima tampoco es una sola cifra, y acaba de moverse. Conforme a los N.J.S.A. 39:6B-1 y § 39:6A-3, ambos reescritos por la P.L.2022, c.87, la cobertura de responsabilidad debe ser de al menos 15.000 $ por persona en pólizas emitidas o renovadas antes del 1 de enero de 2023, 25.000 $ desde esa fecha hasta el 1 de enero de 2026, y 35.000 $ a partir de ese día; la cifra por accidente pasa de 30.000 $ a 50.000 $ y luego a 70.000 $; y los daños materiales son 25.000 $ en toda póliza emitida o renovada desde el 1 de enero de 2023. Rigen por tanto 35/70/25, y así los enuncia la Guía del Comprador 2026 del Departamento como suelo de la póliza estándar. El escalonamiento va por fecha de emisión o renovación de la póliza, no por la entrada en vigor de la ley, que fue inmediata al aprobarse el 5 de agosto de 2022, de modo que una póliza escrita a finales de 2025 conserva los límites antiguos hasta que renueve. Debajo hay dos alternativas legales: la Póliza Básica del § 39:6A-3.1, con cobertura médica de 15.000 $ y una excepción de 250.000 $ para lesión cerebral, medular, desfiguración y tratamiento en centro de trauma, y con cobertura de responsabilidad opcional de 10.000 $ para todas las personas y 5.000 $ de daños materiales; y la Póliza Especial de Seguro de Automóvil del § 39:6A-3.3, abierta a conductores inscritos en el Medicaid federal con hospitalización, que compra atención de urgencia hasta 250.000 $ y una prestación por fallecimiento de 10.000 $ y que, en palabras de la ley, «shall not provide liability, collision, comprehensive, uninsured or underinsured motorist coverage». La cobertura frente a conductores sin seguro o con seguro insuficiente es obligatoria en toda póliza salvo la Básica, con los mismos límites que el suelo de responsabilidad (§ 17:28-1.1(a)), más una ampliación opcional hasta 250.000 $ por persona y 500.000 $ por accidente que no puede superar los límites de responsabilidad de la propia póliza, y con una franquicia de 500 $ en los daños materiales causados por conductor sin seguro que es fácil pasar por alto y explica por qué un golpe pequeño causado por alguien sin seguro rara vez compensa reclamarlo.

Los relojes se reparten según lo que se reclame, y Nueva Jersey es cuidadosa al distinguir días hábiles de días naturales. Las prestaciones por lesiones personales quedan vencidas si no se pagan dentro de los sesenta días siguientes a que la aseguradora reciba aviso escrito del siniestro cubierto y de su importe; solo lo evita comunicando por escrito dentro de esos sesenta días la denegación o una prórroga de hasta cuarenta y cinco días para investigar, con sus motivos (§ 39:6A-5(g)). Sobre el vehículo, las normas de daños físicos del Departamento dan a la aseguradora siete días hábiles desde el aviso del siniestro para inspeccionar, iniciar la negociación y hacer una oferta de buena fe, y fijan un plazo máximo de pago de treinta días naturales medido hasta el cheque de liquidación, la devolución del vehículo reparado o su sustitución, tras el cual debe una explicación escrita de la demora, y la debe de nuevo cada treinta días naturales (N.J.A.C. 11:3-10.3(a) y 11:3-10.5). El subcapítulo general de prácticas desleales de liquidación, el N.J.A.C. 11:2-17, añade otros relojes para reclamaciones de distinta clase. Está vigente —todo el N.J.A.C. 11:2 fue readoptado con efectos del 30 de mayo de 2025 y expira el 30 de mayo de 2032, y ningún acuerdo de adopción entre 2001 y 2026 tocó las reglas de tramitación de siniestros—, pero su redacción no pudo leerse en una publicación actual para esta ficha, así que aquí no se enuncian sus plazos. En cuanto a los plazos judiciales, las lesiones prescriben a los dos años y el daño al vehículo a los seis, y la acción sobre la póliza corre por ese mismo plazo contractual de seis años, con la salvedad de la cláusula de plazo que la propia póliza contenga.