Reclamaciones al seguro de auto en Misuri

Misuri resuelve las reclamaciones de tráfico por culpa, y la ley que obliga a asegurarse lo dice con esas palabras: la póliza del propietario debe cubrir al asegurado nombrado y a cualquier conductor autorizado «against loss from the liability imposed by law» por los daños derivados del uso del vehículo (§ 303.190.2(2)), y el § 303.025.1 prohíbe al propietario circular o mantener matriculado un vehículo sin esa responsabilidad financiera. No hay al lado ninguna capa de prestaciones de primera parte —ni el capítulo 303 ni el capítulo 379 contienen una sección titulada para la protección por lesiones personales ni para el sistema sin culpa— y, por tanto, tampoco ningún umbral que superar antes de demandar al otro conductor. Cómo se reparte esa responsabilidad cuando ambos conductores fueron descuidados es la única pregunta que esta ficha no responde, y conviene decir por qué: el § 537.765, que suprime la barrera de la culpa contributiva y aplica «the doctrine of pure comparative fault», lo hace expresamente y solo «in a products liability claim». Un choque no entra ahí, la regla de Misuri para una colisión es jurisprudencial y el texto del propio Tribunal Supremo de Misuri no pudo leerse: por eso la regla de culpa compartida se deja sin enunciar en lugar de publicarla a partir de una caracterización.

El plazo judicial es de cinco años, y son los mismos cinco años para la puerta abollada que para la muñeca fracturada (§ 516.120(4)). No hay un plazo más corto para las lesiones que se pueda perder ni un plazo patrimonial más largo al que acogerse, lo que hace de Misuri un estado insólitamente amplio frente a los de dos y tres años. La fecha de inicio es menos evidente que la duración: la acción no nace «when the wrong is done», sino «when the damage resulting therefrom is sustained and is capable of ascertainment» (§ 516.100). Demandar a tu propia aseguradora es donde el texto se queda corto: el § 516.120(1) concede cinco años para los contratos «except those mentioned in section 516.110», el § 516.110(1) concede diez años sobre «any writing … for the payment of money or property», y ninguna de las dos secciones dice qué de las dos cosas es una póliza de automóvil, de modo que aquí no se enuncia ningún plazo para demandar a la aseguradora. Lo que sí está resuelto, y vale más que la elección entre ambos, es el § 431.030: toda cláusula contractual que «either directly or indirectly limit[s] or tend[s] to limit the time in which any suit or action may be instituted» es «null and void». Una póliza de Misuri no puede acortar tu plazo en absoluto.

El reloj de la aseguradora está casi todo en el reglamento del Departamento y no en la ley, y cambia de unidad de un apartado a otro. El § 375.1007 enumera quince prácticas indebidas y fija exactamente un número —quince días naturales para entregar los formularios necesarios para presentar la reclamación—, mientras que el acuse de recibo solo debe hacerse «with reasonable promptness» y la aceptación o denegación «within a reasonable time». Las cifras viven en el 20 CSR 100-1: diez días hábiles para acusar recibo, quince días hábiles para aceptar o denegar desde que se presentan todos los formularios necesarios y, después, cuarenta y cinco días corridos por cada carta de demora. Dos ausencias importan tanto como las cifras: nada en el capítulo fija un plazo para pagar un siniestro ya aceptado, y el reglamento que en su día fijó un plazo de investigación fue derogado en 2008, así que quien cite un plazo de investigación en Misuri está citando una norma retirada. Otras dos disposiciones merecen lectura: al reclamante sin abogado que siga negociando hay que avisarle por escrito treinta días antes de que venza un plazo de primera parte y sesenta antes de uno de tercera parte (§ 100-1.050(1)(E)), y cuando la aseguradora designa un taller concreto debe hacer que el vehículo quede «restored to its condition prior to the loss» sin coste adicional (§ 100-1.050(2)(F)). El remedio propio de Misuri frente a la negativa injustificada discurre por el § 375.296 —deben pasar treinta días desde un requerimiento en forma antes de demandar— y se cuantifica en el § 375.420 en el veinte por ciento de los primeros mil quinientos dólares de la pérdida y el diez por ciento del exceso, más honorarios de abogado, para pólizas de «automobile … or other insurance except automobile liability insurance». Esa exclusión es fácil de pasar por alto y cara de pasar por alto.

Sobre coberturas y sobre la obligación de informar hay tres cifras que se enuncian mal con facilidad. La cobertura frente a conductores sin seguro es obligatoria, y el deber es incluirla y no meramente ofrecerla: ninguna póliza de responsabilidad de automóvil puede emitirse sin ella, con límites no inferiores a los de lesiones del § 303.030, que esa sección fija en 25.000 $ y 50.000 $, y la cobertura alcanza al conductor que se da a la fuga «whether or not physical contact was made» (§ 379.203.1). El deber se reduce a una oferta solo para vehículos comerciales o para el empleador con una flota de cinco o más turismos. La cobertura frente a conductores con seguro insuficiente es otra cosa y no es obligatoria: la única disposición del capítulo sobre ella, el § 379.204, indica al tribunal cómo interpretar un anexo de esa clase que alguien decidió comprar. En cuanto a comunicar el accidente, el epígrafe del § 303.040 promete «All motor vehicle accidents to be reported» y su texto no cumple esa promesa: el informe escrito al director vence a los treinta días, pero solo cuando en el accidente intervino un conductor sin seguro y hubo muerto o herido o más de 500 $ de daño en los bienes de una sola persona, o cuando quien informa carece él mismo de seguro, y es un trámite de responsabilidad financiera y no un informe policial. En el lugar del accidente, el § 577.060 se activa sin umbral económico alguno: cualquier accidente que cause lesiones, muerte o daño a los bienes de otro obliga al conductor a detenerse y facilitar nombre, domicilio, número de matrícula y número de permiso de conducir a la otra parte o a la autoridad. Los 1.000 $ de esa sección gradúan la pena; no son un umbral para informar, y los 500 $ del § 303.030.1 son el punto en que el director empieza a exigir una garantía.