Reclamaciones al seguro de auto en Alabama

Alabama resuelve las reclamaciones por accidente según la culpa, y es uno de los pocos estados donde tener aunque sea algo de culpa puede acabar con la reclamación por completo. Todo vehículo matriculado debe llevar cobertura de responsabilidad civil: el § 32-7A-4(a) prohíbe conducir, matricular o mantener la matrícula de un vehículo de carretera si no está cubierto por una póliza de responsabilidad, una fianza o un depósito en efectivo, por importes «no less than the minimum amounts set for bodily injury or death and for destruction of property under Section 32-7-6(c)». Esos importes son 25.000 $ por lesiones a una persona, 50.000 $ para dos o más y 25.000 $ por daños materiales, y figuran en el antiguo capítulo de responsabilidad financiera, llegando al mandato de seguro solo por esa remisión. Ninguna de las dos secciones exige prestación médica de primera parte: ambas se leyeron íntegras y lo único que se obliga a cubrir es la responsabilidad por lesiones y daños a terceros. La cobertura frente a conductores sin seguro figura en toda póliza con esos mismos límites de lesiones salvo que el asegurado nombrado la rechace, y la definición de vehículo «uninsured» incluye expresamente aquel cuyos límites disponibles sean «less than the damages which the injured person is legally entitled to recover», de modo que la cobertura frente a seguro insuficiente está en la misma sección y no en otra. Conviene leer con cuidado la cláusula de rechazo, porque es asimétrica: la ley reconoce al asegurado nombrado «the right to reject such coverage» sin exigir que el rechazo conste por escrito, pero recuperar la cobertura en la renovación sí exige una solicitud escrita. Alabama además permite acumular coberturas, con el tope de la principal «plus such additional coverage as may be provided for additional vehicles, but not to exceed two additional coverages» (§ 32-7-23(c)).

La regla de culpa compartida explica por qué en Alabama se litiga como se litiga. La negligencia contributiva es «an affirmative and complete defense» frente a la negligencia en el derecho de Alabama, y no hay reparto: quien resulte negligente en alguna medida no recupera nada. Para acreditarla, el demandado debe demostrar que el reclamante conocía la situación de peligro, apreciaba el riesgo en esas circunstancias y no actuó con diligencia razonable al ponerse en su camino. Que eso ocurriera es normalmente cuestión para el jurado, y solo se convierte en cuestión de derecho «when the facts are such that all reasonable men must draw the same conclusion». Importan dos matices. Al pasajero no le hunde la culpa del conductor —«the contributory negligence of a driver does not bar a passenger’s right to recovery against a third party if the passenger is otherwise entitled to recovery»— y no llevar puesto el cinturón «shall not be considered evidence of contributory negligence» según el § 32-5B-7, sección cuyo propio título nombra la doctrina.

Los plazos se separan más que en casi cualquier otro estado. La acción por «any injury to the person or rights of another» debe interponerse en dos años (§ 6-2-38(l)), y la de muerte por hecho ajeno en dos años desde el fallecimiento y no desde el choque (§ 6-2-38(a)). El daño al vehículo, en cambio, es una intromisión en bienes muebles y prescribe a los seis años (§ 6-2-34(2)); pero si se demanda al empleador por la conducta de su conductor, el § 6-2-38(n) devuelve tanto las lesiones como los daños materiales a dos años, de modo que una misma colisión puede tener dos plazos distintos según a quién se demande. Hay otra ventana que conviene conocer: si la demanda se interpone a tiempo, se gana y luego se revoca en apelación, el § 6-2-38(p) permite volver a interponerla dentro del año siguiente a la revocación aunque el plazo ordinario ya haya vencido. La acción sobre la póliza es una promesa escrita y prescribe a los seis años (§ 6-2-34(4), (9)). La propia cláusula de plazo de la póliza puede ser más corta. El capítulo 27-14 del código de seguros, que es donde estaría ese suelo, se leyó sección por sección desde el § 27-14-1 hasta el § 27-14-32 y no contiene ninguno, y el § 32-7-22 se leyó íntegro con el mismo resultado; así que aquí no se indica ninguna cifra menor y lo práctico es leer la propia póliza. Una disposición hermana explica una trampa que cuesta dinero real a los reclamantes de Alabama: según el § 27-14-27, que la aseguradora acuse recibo del siniestro, entregue formularios o negocie un acuerdo no supone renuncia alguna, de modo que un tramitador amable y un plazo corriendo son perfectamente compatibles.

Los relojes de la aseguradora son reglamentarios, no legales: el § 27-12-24 prohíbe negarse a pagar «without just cause» y «with such frequency as to indicate a general business practice», y la sección entera —sus 748 caracteres— no contiene ningún número de días. Los plazos están en la Insurance Regulation 482-1-125, que define «DAYS» como «Calendar days» en el .03(c): los quince días de Alabama son quince días naturales. En una reclamación de primera parte, la aseguradora debe acusar recibo del aviso en quince días salvo que pague dentro de ese plazo (.06(1)), facilitar formularios y asistencia en quince días (.06(4)), comunicar la aceptación o el rechazo en treinta días desde la prueba del siniestro debidamente formalizada «or the number of days specified in the policy» (.07(1)), avisar en treinta días si necesita más tiempo y volver a escribir a los cuarenta y cinco días y cada cuarenta y cinco en adelante (.07(2)), y pagar en treinta días desde que acepta la responsabilidad, acuerda el importe y recibe la documentación (.07(6)). Un rechazo no vale si no cita la cláusula en que se funda. Tanto el plazo de treinta días como el de cuarenta y cinco decaen cuando la aseguradora tiene base razonable y documentada para sospechar que el reclamante causó la pérdida de forma fraudulenta o contribuyó a ella, lo que está en la propia norma y no es una excepción menor. Un deber es lo bastante insólito como para conocerlo: en una reclamación sin resolver, la aseguradora debe advertir por escrito al reclamante de primera parte que no tenga abogado unos cuarenta y cinco días naturales antes de que venza el plazo de prescripción (.07(4)).

Casi todo eso está escrito pensando en el reclamante de primera parte, pero tres apartados alcanzan la reclamación del otro conductor y los tres son útiles. La aseguradora no puede desviar a un tercero hacia su propia póliza cuando la responsabilidad y los daños están razonablemente claros (.08(2)); no puede sugerir falsamente que los derechos de un reclamante tercero decaerán si no firma un formulario o una renuncia en cierta fecha (.07(5)); y no puede negar ni dejar de tramitar una reclamación de tercero por lo demás válida porque su propio asegurado haya dejado de colaborar, salvo que pruebe que esa falta de colaboración es «material, substantial, and to the prejudice of the insurer» (.07(8), repetido para el ramo de automóviles en el .08(10)). Sobre la pérdida de valor, Alabama tiene una norma que la menciona, y es más estrecha de lo que parece: el .08(6) obliga a la aseguradora que designa el taller a devolver el coche «as nearly as possible to its condition prior to the loss», y acto seguido dice que ese apartado «is not intended to and does not create a duty on the insurer to pay for any alleged diminution in value of the automobile». El mismo apartado añade que limitarse a dar al asegurado los nombres de talleres cuando los pide «shall not constitute designating a specific repair shop», así que la exclusión solo opera cuando la aseguradora eligió realmente el taller, y no dice absolutamente nada sobre la reclamación contra el conductor culpable: por eso esta ficha deja el campo sin resolver en vez de responder que no.

La obligación de comunicar el accidente es más estrecha que la cifra que suele citarse. El deber del conductor conforme al § 32-10-5(a) se activa solo por lesiones o muerte, sin cifra económica alguna; los quinientos dólares que circulan como umbral de Alabama pertenecen al § 32-7-6(a), donde ponen en marcha el procedimiento de garantía y suspensión del Director y no un deber en el lugar del accidente. Ese procedimiento tiene sus propios relojes y una concesión de verdad útil: el Director suspende el permiso y las matrículas dentro de los sesenta días siguientes a recibir el informe del accidente, debe avisar con al menos diez días de antelación antes de que la suspensión surta efecto, y no cobra tasa alguna de rehabilitación si se acredita que había seguro aceptable en vigor en el momento del choque.